Para el año 1984 hay una mesa instalada en el salón de columnas del palacio de La Moncloa, con José María Cuevas, el presidente de la patronal, a su derecha, y Nicolás Redondo, el secretario general de la UGT, a su izquierda, Felipe González respira hondo y estampa su firma al pie del documento que sella el pacto tripartito sobre el Acuerdo Nacional de Empleo. Detrás de los tres protagonistas se sientan el superministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer; el titular de Industria, Carlos Solchaga, y una amplia representación de la CEOE y del sindicato socialista. Sólo falta Comisiones Obreras, que no está de acuerdo con los resultados de las larguísimas negociaciones y prefiere quedarse al margen de la foto oficial, en el inicio de un frío otoño.
El Gobierno cree poner fin de esta manera a un duro año de tensiones y protestas en el sector industrial. La cirugía de la reconversión diseñada por Carlos Solchaga y su equipo, y bendecida por el superministro Boyer, ha hecho que las manifestaciones y enfrentamientos se extiendan desde Vigo a Cádiz, y desde El Ferrol a Sagunto.
Los choques entre trabajadores y fuerzas de seguridad son tremendos y colocan al primer Gabinete socialista en una difícil encrucijada. Prometieron electoralmente crear 800.000 puestos de trabajo, y la promesa se antoja imposible de cumplir. No sólo eso, la crisis se extiende por todos los sectores y los recortes de plantilla y de actividad son dramáticos.
Se quiere entrar en la Comunidad Europea a cualquier precio, y los futuros socios ponen condiciones draconianas a España.
El desmantelamiento industrial arroja al paro a 100.000 trabajadores, iniciando el camino de la reconversión. Para que en 1998, Astilleros Españoles, que en 1984 contaba con cerca de 25.000 trabajadores, apenas cuenta en la actualidad con 5.000; y el sector que mantuvo el tercer puesto mundial, por detrás tan sólo de Japón y Suecia, está a punto de ser desmantelado.
En el sector siderúrgico ocurre a partir de ese maléfico 1984 otro tanto. Las reconversiones llevan al paro y a la jubilación anticipada -con el coste añadido que tiene para las finanzas públicas- a miles de personas.
La violencia en las calles acompaña a la desesperanza en miles de familias.
El 16 de enero de ese año, como preludio de los 12 meses que van a venir a continuación, los 1.500 trabajadores de los astilleros de Ascón se enfrentan a la policía. El 2 de febrero, medio millón de personas secunda la jornada de protesta convocada por CCOO y ELA-STV en protesta por la reconversión industrial.
La negra herencia de los años 70 se hace sentir en toda su plenitud. En Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y País Vasco 650.000 personas se ven afectadas por la política de drástica cirugía industrial que impulsa Carlos Solchaga, el hombre que a mediados de 1985 asumirá todo el poder económico en el Gobierno tras la dimisión de su amigo y compañero, Miguel Boyer. La reconversión que los dos defienden, así como el futuro industrial que ven para España dentro de la Comunidad Europea, hace que dentro del Gabinete que dirige González y del propio PSOE surgan discrepancias
Para Boyer, y sobre todo para Solchaga, la titularidad de las empresas no importa, y nuestro país no puede, ni debe competir con el resto de las naciones europeas en los grandes temas industriales. Su futuro está en el sector servicios, y dentro de él, el turismo, donde tampoco se apuesta por contar con una gran multinacional que nos libere de la tiranía y los bajos precios de los tour operadores.
La reconversión industrial le cuesta al Estado un billón de pesetas de forma oficial, y dos de fondo real; con el añadido de medio billón que sale del sector privado. Visible en la película Los lunes al sol.
En cuanto a sus resultados, puede afirmarse que la reducción de empleo superó las previsiones y afectó principalmente a las ramas metalmecánicas y a las grandes empresas, mientras que muchas pyme afectadas por agudas crisis, quedaron excluidas.
La reindustrialización o recomposición del tejido industrial de las zonas afectadas por la reconversión supuso la modernización tecnológica de los sectores que, sometidos a reconversión, presentasen una clara viabilidad y la creación de nuevas actividades que diversificasen la industria de zonas hasta entonces muy especializadas y generasen empleo. Para ello se crearon las ZUR y las ZID.
- Las ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización), nacidas en 1983, tenían un período de vigencia de 18 meses, prorrogables otros 18. Se delimitaron seis (Galicia, Astucias, la zona del Nervión, Barcelona, Madrid y Cádiz). Podían solicitar su inclusión en una ZUR las empresas que realizasen la instalación, ampliación o traslado de fábricas a estas áreas, siempre que generasen nuevos puestos de trabajo y fuesen viables. A cambio recibirían incentivos fiscales y financieros, así como subvenciones por incorporar trabajadores de los fondos de promoción de empleo.
- Las ZID (Zonas Industrializadas en Declive) sustituyeron a las ZUR al aprobarse la nueva ley de incentivos regionales en 1985. Comprenden todas las áreas especialmente afectadas por la crisis y el ajuste industrial. La promoción se basa en subvenciones a la inversión, que incluyen también ahora a empresas de servicios.
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