Urbanismo, amnesia y dislexia

El empresario y concejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, con la ex-alcaldesa y diputada por Córdoba, Rosa Aguilar ,-imagen obtenida de flick.com-

Antes de comenzar debemos manejar tres conceptos básicos: el de amnesia, el de dislexia y el de urbanismo, que aunque parezcan ajenos entre sí, están muy relacionados.
La amnesia es un trastorno del funcionamiento de la memoria, durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad.
La dislexia es una deficiencia de la lectura, la escritura y el aprendizaje. Su causa es una alteración de las zonas cerebrales que controlan el lenguaje. Se le atribuye una base genética y no está relacionada con la inteligencia. Sus manifestaciones son muy variadas porque se pueden afectar funciones relacionadas con la memoria, el vocabulario, las áreas motrices y el habla. Esta alteración de los hemisferios cerebrales podrían ser la causante de la enorme dificultad que tienen los disléxicos para distinguir entre derecha e izquierda.
El Urbanismo es una ciencia que estudia la ciudad en relación con la organización física de los elementos que la componen. Para ello se sigue un plan regulador eficaz, basado en la densidad, la zonificación, los usos de suelo, la funcionalidad o las áreas verdes.
Muchas de las ciudades en la actualidad tienen una gran cantidad de problemas por no haber considerado un plan de construcción serio desde sus inicios, olvidándose de que el urbanismo da soluciones prácticas a estos problemas antes mencionados. A esto se le puede sumar un contexto histórico que en nuestra ciudad no ayuda en nada.
En la creación del suelo urbano - según los manuales de geografía - intervienen diversos agentes sociales y cada uno de ellos defiende sus propios intereses. Entre éstos destacan los propietarios de suelo, los empresarios industriales, la ciudadanía, el poder político y los promotores e inmobiliarias.
Los propietarios del suelo pretenden que el crecimiento urbano se dirija hacia sus terrenos con el fin de revalorizar el terreno, mediante recalificaciones (de suelo rural a suelo urbano). Frente a ellos, los empresarios industriales que junto con los anteriores, se enfrentan con los propietarios del suelo (que prefieren el uso residencial) y con la ciudadanía (que no quiere la instalación de industrias cerca del casco urbano). Por su parte, la ciudadanía que se organiza en asociaciones para defender sus intereses (viviendas, equipamientos y servicios), pero que acaba pagando el precio que le marca el mercado. Y para terminar, el poder político que interviene mediante la planificación urbana y en la resolución de conflictos de intereses. Por su parte, los promotores e inmobiliarias tratan de crear suelo urbano para la edificación con el fin de enriquecerse. La suma de estos dos últimos protagonistas han dado lugar, en algunas ocasiones, a escándalos de corrupción en diversos municipios de toda España.
Alrededor de estos agentes pululan una fauna variopinta con intereses contrapuestos formada por bancos, que intentan hacer de una necesidad – la vivienda- un negocio, y con tal fin prestan (mejor dicho, prestaban), pensando que esta gallina de los huevos de oro estaría permanentemente activa; los especuladores privados (pertenecientes muchas veces a la ciudadanía, en general), también participan, pues adquieren viviendas con el fin de encarecer el mercado y vender cuando entienden que el precio es óptimo o máximo; los empresarios de la construcción y promotores inmobiliarios que, por supuesto, no respondían a la idea de empresario modelo cuyo fin fuese la creación de empleo y riqueza. Algunos de ellos apostaron exclusivamente por lo último (la riqueza), y para este fin, a veces, y con el fin de la obtención de licencias o terrenos recalificados, medraron y porfiaron ante aquellos que tenían esa potestad, léase políticos con competencias en materia de urbanismo.
Es de todo el mundo conocido como el poder político y el del empresariado de la construcción se entrelazan. A veces para bien, y otras para mal. Casos como el de Marbella es un clásico. Un empresario ligado a la construcción, Jesús Gil, con intereses inmobiliarios en la ciudad y con un discurso eminentemente populista, decide presentarse a alcalde de este municipio malagueño. Tras su legítima victoria, el resultado urbanístico es bien conocido, para desgracia de los marbellíes y de su imagen pública.

Jesús Gil - a la derecha - como alcalde de Marbella con Juan Antonio Roca, -en el centro- su teniente de alcalde de urbanismo. Imagen del diario ABC (28/06/2006).

En Córdoba, al igual que en otras muchas ciudades del resto de España, las cosas jurídicamente son diferentes, aunque podrían darse situaciones análogas. Me explico. Los agentes sociales con intereses en el suelo urbano han sido los mismos. La ciudad ha disfrutado en estos últimos veinte años de una enorme cantidad de suelo procedente de propietarios individuales y de suelo público (por ejemplo, el Plan Renfe entregando las mejores parcelas – la manzana de oro - al mejor postor). Igualmente la ciudad ha tenido importantes empresarios ligados al mundo de la construcción, que han sido presentados y reconocidos públicamente por su éxito económico, personal y social. Sólo tenemos que mirar la nómina de los anteriores propietarios del Córdoba CF para ver la importancia económica de determinados grupos empresariales locales (Arenal 2000, Prasa, Marín- Hilinger, etc…) ligados a la construcción. La ciudad ha dispuesto igualmente de un capital importante a través de varias entidades bancarias y, especialmente, de alguna caja local, que ha prestado e invertido en el sector de la construcción. El poder político no ha sido ajeno a los “cantos de sirena” procedentes de estos agentes, repitiéndose las fotos entre los afortunados empresarios, con los políticos o con las entidades bancarias.

La ex-alcaldesa de Córdoba con el ex-presidente de Cajasur - imagen del diario "El País"-

Pues bien, es aquí cuando se entrelazan estos tres conceptos. Es necesario tener en cuenta todo esto para que cuando hablemos de urbanismo en la ciudad de Córdoba sepamos en qué lugar ha estado cada uno de estos agentes. Finalmente, y ante esa extraña combinación de agentes sociales vinculados con el urbanismo, sería importante que el pueblo de Córdoba, la ciudadanía, que ha pagado sus pisos a precios de oro, no se vea afectada por la amnesia y, menos aún, por la dislexia.